By Alejandra Muciño 
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció la instalación del Gabinete de Prevención y Atención a los Despojos, con el objetivo de atender de manera eficiente y prioritaria los casos de despojo que afectan a habitantes y bienes en la capital. Como parte de esta estrategia, se creará una unidad operativa especializada contra el despojo, que dependerá directamente de la Secretaría de Gobierno.
Brugada adelantó que la próxima semana se presentará ante el Congreso de la Ciudad un paquete de reformas a diversas leyes para endurecer las sanciones contra este delito. Entre las propuestas destaca el incremento de las penas, que pasarán de un rango de 11 a 22 años de prisión con agravantes, y sin derecho a fianza. La medida busca inhibir la comisión de estos ilícitos y dar mayor certeza a los afectados.
Por su parte, el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, informó que se plantean dos modificaciones clave a la Ley del Registro Público de la Propiedad y a la Ley Registral para la Ciudad de México. La primera establece que las autoridades administrativas podrán solicitar inscripciones precautorias sobre bienes públicos en riesgo y que se emitirán alertas electrónicas ante inscripciones sospechosas o contradictorias.
La segunda modificación propuesta señala que, cuando un notario de otra entidad federativa presente una escritura al Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México —ya sea de manera física o electrónica—, deberá acompañarla de un documento expedido por la autoridad estatal que regula la función notarial en su entidad, certificando y avalando el acto jurídico.
Con estas acciones, el gobierno capitalino busca blindar jurídicamente la propiedad en la ciudad, cerrar espacios a las prácticas fraudulentas y garantizar la protección de bienes públicos y privados frente al despojo.