By Leonel Martínez 
Integrantes de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Desarrollo y Bienestar Social del Congreso mexiquense se pronunciaron a favor de elevar a rango constitucional los programas sociales, así como ampliar beneficios para mujeres, personas con discapacidad y adultas mayores, y facilitar el acceso a una vivienda adecuada, aunque señalaron la importancia de evitar duplicidad en cuanto a sectores favorecidos, población objetivo o razón social.
Al iniciar el estudio de cinco iniciativas de reforma constitucional presentadas, por separado, por las bancadas de morena y PRI, así como por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, la diputada María José Pérez Domínguez y los legisladores Edmundo Luis Valdeña Bastida, Carlos Antonio Martínez Zurita y Octavio Martínez Vargas, todos de morena, afirmaron que el objetivo de su bancada es garantizar la permanencia y progresividad de las políticas de apoyo a quienes menos tienen.
En tanto, el diputado Mariano Camacho San Martín (PRI) se pronunció por un enfoque multifuncional y complementario que permita a los sectores beneficiarios desarrollar herramientas personales y comunitarias para que, en algún momento, las personas ya no necesiten estos programas.
En la reunión, en la que se analizaron las iniciativas de la y los diputados María José Pérez, Edmundo Luis Valdeña, Carlos Antonio Martínez y Mariano Camacho, y de la gobernadora, María José Pérez expuso su iniciativa para que el Estado otorgue a las mujeres — con más de 60 años — una renta básica universal no contributiva (sin necesidad de haber trabajado o cotizado previamente), pues muchas de ellas llegan a esa edad con desventaja respecto a los hombres, porque no pudieron trabajar, adquirir un patrimonio o asegurar un ingreso fijo, debido a discriminación, o por responsabilidades domésticas y de cuidado.
Posteriormente, Edmundo Luis Valdeña explicó que su iniciativa establece que el Estado destine anualmente los recursos presupuestarios suficientes, oportunos y adecuados, conforme al principio de progresividad y no regresión. Los objetivos de su proyecto de reforma, añadió, empatan con la propuesta de la gobernadora.
Al exponer su iniciativa para asegurar la continuidad a largo plazo del programa del gobierno estatal “Mujeres con Bienestar”, Carlos Antonio Martínez Zurita enfatizó que la política de asistencia social dejó de ser clientelar al inicio de la actual administración, para atender de manera profunda las causas sociales de todas las mujeres, y se busca que estén protegidas desde la Constitución local.
En su oportunidad, Mariano Camacho informó el contenido de su propuesta para garantizar la permanencia y suficiencia presupuestaria de los programas sociales y que sus recursos no sean disminuidos. Tras afirmar que estas políticas fueron inventadas en gobiernos priistas, celebró la coincidencia en que tengan un crecimiento financiero y progresivo en cuanto a número de personas beneficiarias, además de que haya criterios de priorización en las reglas de operación. También solicitó explorar alternativas integrales y complementarias que no sólo permitan bienestar, sino que impliquen desarrollo.
Al respecto, Edmundo Luis Valdeña recordó que existen acciones gubernamentales de esta naturaleza, como son los apoyos para el emprendimiento, para que jóvenes concluyan sus estudios y recursos para personas agricultoras. En los mismos términos, María José Pérez expresó que los programas del campo tienen parámetros de medición y verificación en cuanto a su aplicación y efectividad.
Octavio Martínez señaló que los gobiernos del PRI no hicieron lo más importante respecto a los programas sociales: elevarlos a rango constitucional, por lo que es oportuno establecerlos como derechos para esta y futuras generaciones.
Sobre la propuesta de la gobernadora, Javier de Jesús Domínguez González, encargado de Despacho de la Dirección General de Legislación y del Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, explicó que armoniza la legislación local con la reforma a la Constitución nacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2024, que convierte a los programas sociales en derechos garantizados por el Estado.
La iniciativa, además de la pensión para personas con discapacidad permanente — menores de 65 años—, para personas adultas mayores y el acceso a una vivienda adecuada para jóvenes, también contempla un salario seguro, justo y permanente a personas trabajadoras del campo, al igual que un apoyo anual directo a personas productoras y a quienes se dediquen a la pesca (ambos en pequeña escala), aunado a la prestación de servicios de rehabilitación y habilitación para las personas con discapacidad permanente, dando prioridad a niñas, niños y adolescentes.
Igualmente prevé que el Estado destine anualmente los recursos presupuestarios necesarios y suficientes, con oportunidad y conforme al principio de progresividad, para garantizar los derechos que impliquen la transferencia de recursos directos. Además, los recursos asignados no podrán disminuirse respecto al ejercicio fiscal inmediato anterior.
Sobre el tema, María José Pérez destacó que la gobernadora demuestra su sensibilidad social y calidad humana, mientras que Mariano Camacho indicó que, si bien está de acuerdo con la propuesta, es pertinente evitar réplicas de programas o personas beneficiarias en los gobiernos estatal y federal.
En respuesta, Edmundo Luis Valdeña aclaró que las reglas de operación buscan evitar la duplicidad, pero hay que cuidar detalles, ya que hay programas en los que participan ambos niveles de gobierno.
Finalmente, Octavio Martínez subrayó que los programas sociales ya están en operación y la reforma constitucional busca respaldarlos a efecto de que sean transexenales. Además, se pronunció a favor de seguir apoyando la estrategia del Ejecutivo en cuanto a ser un gobierno austero, adelgazar la administración pública y fortalecer la política social.