La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, defendió ante el Pleno que el primer año del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum consolidó un “nuevo modelo energético” con el Estado como eje de planeación y ejecución. Acompañada por legisladores de todas las fuerzas, afirmó que la política actual prioriza la justicia energética, la confiabilidad del sistema y la inversión en infraestructura eléctrica, petrolera y de transición, con participación privada “ordenada y complementaria”.
Desde la Mesa Directiva, la senadora Laura Itzel Castillo (Morena) sostuvo que el viraje energético frenó la “política privatizadora” de sexenios anteriores y colocó a Pemex y CFE como palancas del desarrollo, mientras que la presidenta de la Comisión de Energía, Beatriz Robles (Morena), destacó que la CFE “ha recuperado terreno” con una mayor generación y un plan de expansión de líneas de transmisión que conecta zonas rurales. En esa misma línea, la funcionaria federal subrayó que el Plan México devuelve al Estado la conducción estratégica del sector, respaldado por ocho leyes secundarias —entre ellas la de Planeación y Transición Energética y la ley que crea la Comisión Nacional de Energía— que articulan metas, ubicación de proyectos e inversiones públicas y privadas.
González Escobar explicó que el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional contempla 51 proyectos (26 heredados y 25 nuevos) que incorporan tecnologías de generación más eficientes, incluida la primera central termosolar del país. Informó avances en nuevas plantas que ya operan en Guanajuato, San Luis Potosí y Querétaro —con impacto en alrededor de diez millones de hogares— y una cartera de 158 proyectos prioritarios de transmisión y distribución. Recalcó que el modelo fija una participación pública de al menos 54% y abre espacios de inversión privada hasta 46% en proyectos de largo plazo, además de simplificar trámites para generación distribuida y autoconsumo.
Sobre hidrocarburos, la secretaria afirmó que Pemex atraviesa una recuperación financiera y operativa: se simplificaron sus contribuciones bajo el Derecho Petrolero del Bienestar, se emitieron notas precapitalizadas, se redujeron pérdidas y se busca estabilizar la producción en 1.8 millones de barriles diarios. Añadió que la rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación elevó el procesamiento de crudo y la producción de gasolinas, diésel y turbosina, mientras se desarrollan catorce gasoductos y se reimpulsa la petroquímica con proyectos de fertilizantes en Veracruz y ampliaciones en Coatzacoalcos. Reiteró que la meta climática exige elevar la generación limpia del 24% al 38% en 2030, para lo cual se combinan nuevas centrales de ciclo combinado como respaldo firme de renovables, la rehabilitación geotérmica en Cerro Prieto y el impulso a biocombustibles.
Las bancadas oficialistas cerraron filas. Senadoras y senadores de Morena, PT y PVEM defendieron la rectoría del Estado, la noción de justicia energética y el uso de concursos abiertos en CFE; preguntaron por avances de techos solares, subsidios focalizados y la coordinación para blindar la cadena de combustibles contra el huachicol y el contrabando. La secretaria respondió que se reforzó la trazabilidad obligatoria en cada tramo de la cadena, se intensificaron inspecciones con Profeco y se mantendrán precios estables de gasolinas y gas LP en beneficio de la población. También informó que se trabaja “en todos los eslabones” del litio, incluida una alianza industrial con Olinia orientada a la fabricación de baterías.
La oposición, por su parte, cuestionó resultados y riesgos. Legisladores del PRI, PAN y MC advirtieron dependencia de gas importado, presiones financieras de Pemex y CFE, rezagos en proyectos de transmisión, apagones y presuntas ineficiencias en la refinería de Dos Bocas. Solicitaron definir cronogramas para ampliar la red eléctrica, clarificar metas de renovables, detallar pagos a proveedores y transparentar investigaciones sobre huachicol fiscal y ambientales por derrames. También preguntaron cómo se defenderán los intereses energéticos de México en la próxima revisión del T-MEC. La titular de Energía respondió que el tratado reconoce la soberanía de cada país sobre su sector y que México mantendrá un diálogo “permanente y respetuoso”, mientras actualiza la planeación energética conforme a las necesidades de los polos industriales del Plan México.
En el tramo social, González Escobar destacó obras de electrificación rural y la integración del principio de justicia energética a la Constitución, para cerrar brechas de acceso. Reafirmó que CFE puede llevar proyectos no sólo rentables, sino socialmente indispensables, y que la combinación de inversión pública y privada permitirá garantizar energía suficiente, confiable y a precios razonables. “Fortalecer el sector energético es fortalecer a la nación”, concluyó, al asegurar que el gobierno cuenta con condiciones políticas y normativas para consolidar la estrategia y convertir al sector en eje del desarrollo nacional.

