By Leonardo Montiel 
En la Cámara de Diputados se realizó la sesión del Grupo Zona Sur como parte de las audiencias públicas para el análisis de la iniciativa de Ley General de Aguas, donde se escucharon propuestas de organizaciones sociales, usuarios, defensores de derechos humanos y especialistas. El diputado Gabriel García Hernández (Morena) informó que este día concluyen los trabajos, con la participación de alrededor de quinientas personas cuyos planteamientos serán integrados al archivo legislativo como antecedentes para la discusión del dictamen.
El defensor de derechos humanos Alfredo Méndez Baena advirtió que no puede haber justicia social sin justicia ambiental y criticó que el artículo 31 de la iniciativa permita opacidad en concesiones. Planteó transparentar el Registro Nacional de Agua para conocer quién controla los volúmenes concesionados en cada territorio. Desde el Colectivo Agua para Todos, Nora Yanek Velázquez Martínez pidió priorizar el derecho humano al agua y la producción para la soberanía alimentaria, además de modificar el artículo 295 para que la autoridad esté obligada a negar concesiones o permisos cuando sean incongruentes con los programas hídricos regionales o contrarios al interés público y social.
En representación de Guerrero es Primero, Fernando Sánchez Baños propuso ampliar la definición de delitos hídricos e incluir la contaminación del agua como delito contra la salud. De igual manera, la activista Sofía León García, de Territorios Diversos para la Vida A.C., solicitó crear un organismo especializado en generación de datos, reconocimiento de autoridades indígenas y participación en concesiones. También pidió acotar la definición de seguridad nacional para evitar que se utilice de manera discrecional en perjuicio de comunidades.
El presidente de la Asociación Nacional de Usuarios de Riego, Eduardo Altuzar López, insistió en que la ley debe impulsar la agricultura sustentable y de precisión, así como promover la educación ambiental desde las escuelas. Subrayó que los agricultores no “gastan” agua, sino que la utilizan para producir alimentos y requieren planes comunitarios que fortalezcan la producción.
Desde la región metropolitana de Xalapa, la representante de Guardias del Agua, Paré Oullet Marie Francoise Loise, señaló que los Consejos de Cuenca “no funcionan” por la falta de voz y voto para la ciudadanía, y denunció que históricamente han estado dominados por empresarios. Propuso que al menos 50% de su integración corresponda a representantes de diversos sectores, académicos y defensores del agua. También planteó que Conagua convoque a asambleas nacionales para formar nuevos consejos de cuenca que funjan como autoridades locales del agua y sustituir al actual Consejo Consultivo.
La diputada Elizabeth Cervantes De la Cruz (Morena), presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos, refrendó el compromiso de construir un dictamen que reconozca a los grupos vulnerables y consolide una Ley General de Aguas más justa y participativa, incluyendo la figura de los Consejos de Cuenca como órganos fundamentales en la gestión del recurso.