Impulsan reforma a Ley de Movilidad con enfoque en seguridad para motociclistas

Dip. Patricia Mercado, Dip. Alma Navarrete y Asistentes al informe de relatoría de las mesas de trabajo sobre la regulación del uso de motocicletas

En la Cámara de Diputados se presentó el informe de relatoría de las mesas de trabajo sobre la regulación del uso de motocicletas, donde legisladores, autoridades, organizaciones y representantes del sector coincidieron en la necesidad de construir una reforma integral a la Ley General de Movilidad con enfoque en seguridad vial e inclusión.

La presidenta de la Comisión de Movilidad, Patricia Mercado Castro, destacó que el objetivo principal es garantizar una movilidad segura sin estigmatizar a los motociclistas, ante el crecimiento sostenido de este medio de transporte en el país. Subrayó que las propuestas derivan de un ejercicio colectivo que busca responder a los cambios en la micromovilidad y a la nueva cultura vial.

Durante el análisis, se identificó que la siniestralidad asociada a motocicletas es un problema estructural vinculado a factores como infraestructura deficiente, falta de capacitación, regulación desigual y uso inadecuado de equipo de protección. También se señalaron vacíos legales, particularmente en el caso de repartidores de plataformas digitales, así como prácticas que pueden derivar en criminalización.

Entre las principales propuestas se encuentra el reconocimiento jurídico de las personas motociclistas como usuarios vulnerables, la modificación de la jerarquía de movilidad, la eliminación de la rotulación obligatoria de cascos y chalecos, así como el fortalecimiento del sistema de licencias y la promoción de equipo certificado. Asimismo, se planteó la necesidad de homologar la legislación a nivel nacional para evitar disparidades entre estados y municipios.

Legisladores y participantes coincidieron en que el reto no es restringir el uso de motocicletas, sino generar condiciones de seguridad, ordenamiento territorial y regulación adecuada. Se estableció un plazo de hasta un año y medio para consolidar propuestas legislativas que atiendan esta problemática y permitan avanzar hacia un sistema de movilidad más seguro y eficiente en el país.

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