By Leonardo Montiel 
En el Senado de la República se llevó a cabo el foro Seguridad que salva vidas: innovación y asequibilidad en cascos certificados, convocado por la Comisión de Movilidad que preside la diputada Patricia Mercado Castro (MC). El objetivo fue analizar la pertinencia de revisar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, especialmente en lo relativo al uso de motocicletas y la obligación de portar cascos certificados.
Patricia Mercado destacó que actualmente el 33% de las muertes en accidentes de tránsito corresponden a usuarios de motocicletas. Subrayó la necesidad de abrir un proceso de diálogo con empresas, repartidores de aplicaciones, especialistas y sociedad civil para construir políticas públicas que garanticen un uso seguro de este medio de transporte, cada vez más utilizado en las zonas metropolitanas. Recordó que en países como España y Japón, la exigencia de cascos certificados ha reducido drásticamente la mortalidad vial.
Durante el encuentro, Gonzalo Peón, director de ITDP, señaló que en México circulan cerca de diez millones de motocicletas y que urge una nueva Norma Oficial Mexicana sobre cascos, dado que la vigente permite la importación de modelos sin certificación. Adelantó que se espera que en diciembre se publique una norma actualizada que dé certeza a consumidores y fabricantes. Por su parte, Daniel Sibaja, secretario de Movilidad del Estado de México, anunció que a partir del 15 de septiembre se implementará un programa estatal de entrega de cascos certificados y certificación obligatoria para obtener licencia de conducir.
Representantes de organizaciones civiles, académicas y del sector privado coincidieron en que el diseño de cascos certificados a precios accesibles es una medida urgente y de impacto inmediato. Estefanía Sánchez, de la Comisión de Economía, recordó que un casco de calidad puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, mientras que Bosco Martí, de Fundación Aleatica, informó que cada 30 minutos muere una persona en México por un accidente vial, la mayoría motociclistas y peatones.
En el foro también participaron empresas como Uber, DiDi y Coppel, que refrendaron su compromiso con la seguridad vial y con la promoción de cascos certificados. Las propuestas incluyeron campañas permanentes de educación vial, incentivos fiscales para la producción nacional de cascos y la posible creación de una fábrica mexicana que permita incluso exportar a otros países. El consenso fue claro: reducir la siniestralidad requiere legislación, educación y un mercado accesible que ponga la seguridad como prioridad.