By Leonardo Montiel 
La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados analizó este 23 de septiembre la iniciativa que expide la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, cuyo objetivo es modernizar los medios de pago, ampliar la inclusión financiera y facilitar las operaciones de personas, comercios y autoridades. Durante la reunión, funcionarios explicaron que la propuesta aprovechará herramientas existentes como SPEI y CoDi, además de facilitar la apertura remota de cuentas y el uso opcional de la CURP digital como mecanismo de identificación.
José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, explicó que la transición será gradual y que entre los primeros sectores considerados se encuentran las carreteras y las gasolineras. En estas últimas, 98.45% de las estaciones se ubican en zonas con cobertura garantizada y alrededor de 95% dispone de terminales de punto de venta. La Secretaría de Hacienda tendría la facultad de determinar los sectores estratégicos en los que se eliminaría gradualmente el uso de efectivo, aunque éste tendría que aceptarse en situaciones de contingencia.
Legisladores de distintos grupos parlamentarios plantearon dudas sobre los costos que implicará la transición para pequeños negocios, la falta de conectividad en algunas comunidades, las comisiones bancarias y la protección de datos personales. También solicitaron precisar los criterios mediante los cuales Hacienda determinará los sectores estratégicos. Representantes del sector financiero y empresarial coincidieron en impulsar la digitalización, pero pidieron una implementación gradual, reglas claras y medidas que eviten excluir a personas sin cuentas bancarias, dispositivos o acceso suficiente a internet.
El presidente de la Comisión, Carol Antonio Altamirano (Morena), sostuvo que el propósito es construir un dictamen viable que modernice los pagos, proteja los datos y evite exclusiones. Al concluir el encuentro, informó que se elaborará una relatoría con las propuestas y observaciones para entregarla a las dependencias del gobierno y a los grupos parlamentarios, como parte del proceso de análisis de la iniciativa.