By Arturo González 
Tras la aprobación en el Congreso de la nueva Ley de Bienestar Animal, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena Ibarra, celebró la promulgación de este marco normativo y destacó como pilar fundamental el reconocimiento jurídico de los animales como seres sintientes, garantizando su protección de manera integral en todo el país.
Bárcena precisó que esta iniciativa fue diseñada por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y representa una legislación “novedosa y única”, fruto de un trabajo colegiado e interinstitucional entre el Poder Ejecutivo, el Congreso de la Unión y los gobiernos estatales.
“Es una ley muy importante. En primer lugar, reconoce a los animales como seres sintientes, que eso es fundamental, protegiéndolos de verdad”, subrayó la titular de la Semarnat.
Tres frentes de protección: Compañía, producción y vida silvestre
La secretaria explicó que la nueva legislación establece medidas y protocolos de protección adaptados a tres categorías específicas:
- Animales de compañía: Reforzando la prevención y sanción del maltrato, así como la tutela responsable.
- Animales para la producción: Estableciendo criterios de manejo humanitario en el sector agropecuario.
- Fauna silvestre: Protegiendo a las especies en sus hábitats naturales y reforzando las tareas de conservación.
Coordinación interinstitucional y federalismo
Bárcena Ibarra enfatizó que el diseño de la ley requirió un esfuerzo de articulación multidisciplinario, involucrando a la Secretaría de Salud —por las implicaciones de salud pública— y a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) para los temas relativos a los animales de producción.
Asimismo, destacó la colaboración legislativa con las legisladoras Maki Ortiz en el Senado y Gaby Benavides en la Cámara de Diputados, de la mano de equipos técnicos de la Profepa y de la Dirección General de Vida Silvestre.
Finalmente, la funcionaria resaltó que la ley delimita con mayor claridad las competencias y responsabilidades entre el Gobierno Federal y las entidades federativas, otorgando marco legal a los estados para aplicar normativas locales y garantizar el cumplimiento del bienestar animal en sus respectivas jurisdicciones.