By Arturo González 
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la imparcialidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tras su reciente resolución en un litigio fiscal que involucra a la empresa FEMSA. La mandataria señaló que este caso demuestra la falsedad de los argumentos de los críticos que aseguraban que la reforma al Poder Judicial daría paso a un tribunal con sesgo en contra del sector privado.
El pronunciamiento surge luego de que el Pleno de la Corte desechara, por una mayoría de ocho votos contra uno, un recurso relacionado con un crédito fiscal de la compañía, declarándolo como notoriamente improcedente al validar la actuación legal previa de un tribunal colegiado.
Un Poder Judicial basado en la ley, no en contubernios
Sheinbaum Pardo enfatizó que la resolución de la SCJN se apegó estrictamente a la revisión de la constitucionalidad del acto. Con esto, la jefa del Ejecutivo desestimó las advertencias de diversos sectores de la iniciativa privada que se opusieron firmemente a la reforma constitucional.
“Este caso es relevante porque muchos empresarios que se opusieron a la reforma al Poder Judicial —principalmente porque mantenían diversas formas de relación o contubernio con algunos ministros— afirmaban que esta sería una Corte en contra de los empresarios y no una Corte de justicia”, puntualizó la mandataria.
Asimismo, aclaró que las decisiones de los ministros deben responder únicamente a la ley y su interpretación, por lo que habrá ocasiones en las que se falle a favor del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y otras en las que se validen los argumentos de las empresas, dependiendo del expediente.
La meta: Justicia expedita en menos de un año
Al ser cuestionada sobre cómo el nuevo sistema judicial evitará que recursos improcedentes consuman el tiempo de los tribunales durante meses, la presidenta recordó que México se encuentra en un periodo de transición derivado de la implementación de las nuevas leyes.
Los objetivos centrales de este nuevo marco institucional incluyen:
- Abatir el rezago histórico: Evitar que los litigios y procesos legales se prolonguen innecesariamente hasta por 20 años.
- Prontitud: Garantizar los mecanismos técnicos para que los asuntos judiciales puedan resolverse en el mismo año en que son promovidos.
- Certeza jurídica: Brindar un terreno de juego claro y rápido tanto para la ciudadanía en general como para los actores económicos de alto impacto.
Con esta postura, el Gobierno de México reafirma que la reconfiguración estructural del Poder Judicial busca la eficiencia operativa y la transparencia, manteniendo un entorno de legalidad y certidumbre para las inversiones en el país.