By Leonel Martínez 
Para fortalecer la calidad de la atención ciudadana en los trámites y servicios que brinda el Gobierno de la Ciudad de México y las 16 alcaldías, la diputada Erika Lizeth Rosales Medina propuso reformar el Artículo 14 de la Ley de Operación e Innovación Digital capitalina en materia de certificación del personal.
La iniciativa de la legisladora de la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación (APPT) fue dada a conocer ayer en la sesión de la Comisión Permanente y turnada a la Comisión de Administración Pública Local, para su análisis y dictaminación.
“La atención ciudadana constituye una de las funciones más relevantes de la administración pública, ya que es el medio por el cual las personas ejercen sus derechos y acceden a los trámites y servicios que brinda el Gobierno de la Ciudad de México y sus alcaldías”, señala la representante popular en su documento.
Agrega que las y los servidores públicos desempeñan un papel fundamental, ya que la calidad de la atención ciudadana depende -en gran medida- de sus conocimientos, capacidades y actualizaciones.
En ese contexto, reconoce que actualmente el marco legislativo carece de un sistema integral de certificación que garantice que el personal encargado de la atención ciudadana cuente con un perfil académico y profesional acorde con las funciones que desempeña.
Rosales Medina subraya que esa situación repercute en la eficacia de la atención y respuesta de las personas que acuden a las dependencias del Gobierno capitalino o las alcaldías a realizar trámites y servicios.
“Aún persiste una brecha crítica entre el diseño normativo de las instituciones y la experiencia cotidiana de las y los ciudadanos al realizar un trámite o solicitar un servicio público”, indica la Vicecoordinadora de la APPT.
Asimismo, precisa que los mecanismos actuales de acreditación contemplan requerimientos como la permanencia en el área o la antigüedad, pero sin considerar la evaluación de conocimientos y competencias. Esto, añade, limita el fortalecimiento de una cultura institucional basada en la profesionalización del personal, el mérito, la actualización y la mejora continua.
La congresista expone que su iniciativa busca reforzar las atribuciones de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) para establecer un Sistema de Profesionalización del Personal de Atención Ciudadana.
Erika Rosales detalla que la intención es que la ADIP tenga atribuciones para diseñar, implementar y supervisar el Sistema de Profesionalización de las y los servidores públicos que desempeñen funciones de atención ciudadana.
“(Lo anterior) estableciendo los perfiles del puesto, los mecanismos de acreditación o certificación periódica mediante la evaluación constante de conocimientos y competencias, así como los programas permanentes de capacitación y actualización, a efecto de que dicha acreditación del puesto se otorgue con base en el mérito, sin que la antigüedad o permanencia en el área constituyan, por sí mismas, un criterio para su otorgamiento”.