By Leonardo Montiel 
Durante el foro “IEPS bebidas saborizadas 2027: constitucionalidad”, realizado en la Cámara de Diputados, representantes de la industria, cooperativas y especialistas analizaron una propuesta para modificar el esquema fiscal aplicable a estas bebidas, con el objetivo de establecer una tributación proporcional al valor del producto y un tratamiento diferenciado para cooperativas, ejidos, comunidades y micro, pequeñas y medianas empresas. La iniciativa, impulsada por la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal (PT), todavía se encuentra en proceso de construcción de cara a la discusión del Paquete Económico 2027.
La propuesta plantea sustituir la cuota fija actual por un modelo ad valorem de 20% sobre el precio de venta, antes de impuestos, con el propósito de atender principios de equidad y proporcionalidad. Además, contempla una tasa reducida equivalente al 50% para organismos del sector social y Mipymes cuya participación en el mercado sea menor a 5%. De acuerdo con lo expuesto en el foro, el nuevo esquema podría generar una recaudación anual de entre 50 mil y 55 mil millones de pesos y plantea fortalecer la trazabilidad y evaluación del destino de los recursos.
Representantes de Cooperativa Pascual, AJEMEX, Gugar Soda, Del Fruto y Refrescos El Manantial señalaron que el esquema vigente afecta de manera desproporcionada a las empresas nacionales de menor tamaño frente a las grandes compañías transnacionales. Los participantes aclararon que no buscan dejar de pagar impuestos, sino establecer un modelo progresivo que considere el tamaño y participación de mercado de cada empresa. También advirtieron afectaciones en ventas, inversiones y competitividad derivadas del incremento del IEPS.
La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal informó que las conclusiones del foro serán remitidas a la Secretaría de Hacienda de cara a la recepción del Paquete Económico y sostuvo que el impuesto debe ser más equitativo para evitar que obstaculice el crecimiento de las pequeñas empresas. Asimismo, se adelantó una segunda propuesta enfocada en el costo ambiental asociado al uso del agua por parte de la industria, mientras que representantes de la ANUIES propusieron crear observatorios estatales para analizar el consumo hídrico y plantear medidas de remediación.