By Leonardo Montiel 
Durante una reunión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, celebrada el 8 de octubre, funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y del Servicio de Administración Tributaria (SAT) defendieron las propuestas del Paquete Económico 2027, orientadas a fortalecer la recaudación, combatir la evasión fiscal y mantener la estabilidad de las finanzas públicas. El presidente de la Comisión, Carol Antonio Altamirano (Morena), destacó que el proyecto busca garantizar recursos para los programas sociales y la inversión pública, bajo criterios de responsabilidad fiscal.
La subsecretaria de Hacienda, María del Carmen Bonilla Rodríguez, señaló que la economía mexicana muestra señales de recuperación y que el gobierno estima un crecimiento de 1.5% para 2026 y de 2% para 2027. Informó que el plan de infraestructura contempla una inversión pública y mixta de 5.7 billones de pesos entre 2026 y 2030, mientras que para 2027 se proyecta una deuda pública equivalente a 55% del PIB. Asimismo, destacó la importancia de ampliar el financiamiento para pequeñas y medianas empresas, fortalecer la banca de desarrollo y promover los pagos digitales como herramientas de inclusión financiera.
Por su parte, el subsecretario de Ingresos, Carlos Gabriel Lerma Cotera, informó que la propuesta de ingresos presupuestarios para 2027 asciende a 9 billones 156 mil millones de pesos, un incremento real de 3.9% respecto del cierre estimado de 2026. Explicó que el paquete no contempla nuevos impuestos ni aumentos a las tasas existentes, pero propone limitar las deducciones fiscales a 96.66% de los ingresos y el aprovechamiento de pérdidas fiscales a 50% de la utilidad del ejercicio para empresas con ingresos superiores a 50 millones de pesos. También planteó ampliar el Régimen Simplificado de Confianza (Resico), facilitar el cumplimiento tributario y establecer tasa cero para las librerías cuya actividad principal sea la venta de libros.
Representantes del SAT respaldaron las medidas para cerrar espacios a la facturación falsa, las operaciones simuladas y otras prácticas que reducen la base gravable. El administrador general jurídico, Ricardo Carrasco Varona, indicó que 318 mil de las 737 mil empresas que declararon en 2026 no pagaron ISR, mientras que el administrador general de Recaudación, Gari Flores Hernández González, destacó los avances en la captación de ingresos tributarios. Durante el intercambio, legisladores de distintos partidos solicitaron revisar el impacto de las medidas sobre la inversión, las pequeñas empresas y los sectores productivos. Altamirano aclaró que el proyecto de dictamen todavía puede modificarse antes de su aprobación en la Comisión.
Sector privado: Empresas advierten riesgos para inversión y empleo por cambios fiscales del Paquete Económico 2027
Representantes del sector privado y social advirtieron ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados que diversas modificaciones fiscales del Paquete Económico 2027 podrían afectar la liquidez empresarial, la inversión y la generación de empleos. Durante la reunión organismos empresariales cuestionaron principalmente la propuesta de limitar las deducciones a 96.66% de los ingresos y el aprovechamiento de pérdidas fiscales a 50% de la utilidad, al considerar que las medidas podrían perjudicar a compañías con márgenes reducidos, altos costos operativos o periodos prolongados de recuperación de inversiones.
La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), la Industria Nacional de Autopartes y la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones solicitaron ampliar las excepciones fiscales para incluir a las empresas que operan bajo el régimen de depósito fiscal automotriz. Argumentaron que las restricciones podrían agravar las dificultades del sector, afectado por los aranceles estadounidenses y la disminución de la producción y las exportaciones. Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió mayor claridad sobre el tratamiento de las deducciones y pérdidas fiscales, mientras que Mercado Libre propuso reducir de 8% a 4% la retención del IVA aplicada a las ventas en plataformas digitales, al señalar que las disposiciones actuales presionan la liquidez de las pequeñas y medianas empresas.
Otros sectores manifestaron preocupación por los incrementos a los derechos y los cambios en estímulos fiscales. La Asociación Mexicana de Ferrocarriles advirtió que elevar de 1.25% a 3% el derecho ferroviario, equivalente a un aumento de 140%, podría encarecer el transporte de mercancías y afectar las cadenas de suministro. La Cámara Nacional de Aerotransporte cuestionó las restricciones a las deducciones y los mayores derechos, mientras que la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga alertó sobre las consecuencias de reducir los estímulos por el uso de autopistas. Representantes turísticos también solicitaron reconsiderar el aumento de derechos para visitantes extranjeros, debido a sus posibles efectos sobre la competitividad de los destinos nacionales.
En el sector social, productores de guayaba y naranja solicitaron un tratamiento fiscal diferenciado para las bebidas elaboradas con fruta mexicana, al advertir afectaciones derivadas del IEPS. La Unión Cervecera Independiente propuso establecer un impuesto escalonado según los volúmenes de producción, mientras que organizaciones pesqueras y cooperativas pidieron ampliar sus beneficios fiscales y revisar las condiciones del Resico. Los productores de caña de azúcar también plantearon apoyos para enfrentar los costos de producción y diversificar el aprovechamiento de sus cultivos. Al concluir las participaciones, legisladores de distintas bancadas manifestaron su disposición a revisar las propuestas y presentar modificaciones al proyecto de dictamen antes de su votación.