By Leonardo Montiel 
Las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, del Senado de la República aprobaron, con 22 votos a favor y cuatro en contra, el dictamen de reforma a la Ley Aduanera, cuyo objetivo es fortalecer las facultades de las autoridades para combatir la subvaluación de mercancías y las irregularidades en las operaciones de comercio exterior. Durante la reunión extraordinaria del 13 de octubre, el presidente de la Comisión de Hacienda, Miguel Ángel Yunes Márquez (Morena), explicó que la propuesta busca evitar condiciones de competencia desleal para las empresas que cumplen con sus obligaciones fiscales.
El legislador detalló que la reforma contempla eliminar el umbral de 50% que actualmente se establece para proceder al embargo precautorio cuando el valor declarado de las mercancías sea inferior al de productos idénticos o similares. Asimismo, se actualizan los mecanismos para sustituir los embargos mediante garantías, se precisan las condiciones para liberar mercancías cuando exista una resolución favorable y se establecen sanciones diferenciadas por infracciones relacionadas con hidrocarburos y petrolíferos. Yunes Márquez aclaró que las modificaciones no crean nuevos impuestos ni incrementan los existentes. Por su parte, el senador Carlos Humberto Suárez Flores (PVEM) respaldó la reforma al considerar que permitirá detectar precios artificialmente bajos que afectan a los productores nacionales.
En contraste, la senadora Carolina Viggiano Austria (PRI) advirtió que eliminar el porcentaje mínimo de referencia podría permitir embargos por diferencias menores de precio, aumentando la discrecionalidad de las autoridades aduaneras. Cuestionó que las reglas de aplicación puedan definirse hasta el 31 de diciembre de 2026, un día antes de la entrada en vigor de la reforma, y señaló que los procedimientos para recuperar mercancías podrían resultar más costosos y complicados. Propuso establecer un porcentaje específico en la ley, ampliar los plazos para los afectados y aplicar sanciones proporcionales a la gravedad de las infracciones.
La senadora Imelda Sanmiguel Sánchez (PAN) también rechazó el dictamen al señalar que no se incorporaron las principales observaciones de los agentes aduanales, pese a las reuniones previas con representantes del sector. Advirtió que las nuevas disposiciones podrían provocar retrasos logísticos, mayores costos para los importadores y afectaciones a las pequeñas empresas. Finalmente, el dictamen fue aprobado en lo general y lo particular por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con 12 votos a favor y tres en contra, y por la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, con 10 votos a favor y uno en contra, por lo que continuará su trámite legislativo.