By Arturo González 
La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, llamó a las fuerzas de oposición a debatir con información veraz las iniciativas de reforma a la Ley de Cultura Cívica y la propuesta de Ley de Rentas Justas, y pidió no difundir información falsa sobre sus alcances con el objetivo de generar rechazo entre la población.
“Lo que no puede pasar es que digan mentiras, que digan temas que no vienen en estas iniciativas propuesta por nosotros, y que inventen. Eso creo que es lo grave del asunto”, expresó.
En conferencia de prensa realizada en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada Molina rechazó que la Ley de Rentas Justas, represente una amenaza a la propiedad privada y explicó que contempla la creación de una Defensoría Inquilinaria para brindar acompañamiento y defensa a las partes involucradas en la relación de arrendamiento, con el propósito de equilibrar sus derechos.
Asimismo, cuestionó que la oposición no fije abiertamente su postura frente al incremento desmedido de las rentas y los procesos de gentrificación, en lugar de atribuir a la iniciativa disposiciones que no contempla. “Si la oposición está a favor del crecimiento desmedido de las rentas o de la gentrificación, que lo digan”, expresó.
Reiteró el llamado a debatir las propuestas con responsabilidad y a no utilizar la desinformación como herramienta política para obtener el respaldo de la ciudadanía. “Que no sea la mentira un instrumento con el que quieran obtener el apoyo de la población”, resaltó.
La titular del Ejecutivo local sostuvo que las diferencias políticas respecto al contenido de las iniciativas son legítimas; sin embargo, advirtió que lo que no puede ocurrir es que se atribuyan a las propuestas disposiciones que no contienen o que se inventen escenarios sobre sus posibles consecuencias.
Al referirse a las modificaciones a la Ley de Cultura Cívica, explicó que la propuesta incorpora una alternativa para atender los robos de montos pequeños mediante los juzgados cívicos, sin eliminar ni limitar el derecho de las personas a presentar una denuncia por la vía penal ante el Ministerio Público y la Fiscalía. Precisó que ambas opciones se mantienen vigentes y que corresponde a la persona afectada elegir una de ellas.
Detalló que el propósito de esta vía cívica es atender las causas de las conductas delictivas, particularmente cuando existen personas que reinciden en este tipo de robos, mediante mecanismos que permitan intervenir desde los juzgados cívicos y ofrecer alternativas para evitar que estas conductas se repitan.
“Es mentira lo que dicen de que ahora ya los delitos no van a poder ser atendidos de manera penal y de que estamos haciendo a un lado estos derechos que tiene la población”, sostuvo.