El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que no existe un uso político o faccioso de la Fiscalía General de la República (FGR) en las investigaciones relacionadas con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha. Señaló que ambos casos son distintos y que en el caso de Rocha se investiga la posible comisión de conductas ilícitas, mientras que la mandataria estatal es indagada por presuntas violaciones constitucionales relacionadas con el ingreso de agencias extranjeras al país.
Monreal también se refirió a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y afirmó que respeta sus dichos porque, aseguró, la mandataria cuenta con información y conocimiento sobre el tema. No obstante, llamó a mantener la unidad nacional y expresó su deseo de que todo se resuelva conforme a la ley.
Respecto a la renuncia de Andrés Manuel López Beltrán a la dirigencia de Morena, el legislador consideró que tomó una decisión correcta al buscar una candidatura federal para las elecciones de 2027. Señaló que será la congruencia y las propuestas del político las que pesen ante el electorado, más allá de los señalamientos por sus viajes o la influencia de su padre.
Confirmó que el periodo extraordinario avanzará esta semana con la discusión de reformas constitucionales y legales en materia electoral. Indicó que las comisiones de Puntos Constitucionales y Reforma Electoral sesionarán para deliberar los dictámenes y que el Congreso General iniciará formalmente los trabajos legislativos, con la intención de concluir el miércoles y remitir los proyectos al Senado.
Sobre la situación económica, el coordinador de Morena sostuvo que México enfrenta momentos complejos, pero descartó un escenario de recesión y afirmó que la calificación crediticia del país mejorará. Además, adelantó que analiza incorporar a su propuesta de nulidad electoral por intervención extranjera la posibilidad de sancionar también el financiamiento proveniente del crimen organizado.

