By Arturo González 
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) llevar a cabo auditorías en todos los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) para exponer y frenar a un “duopolio” de intermediarios que ha monopolizado los contratos de material electoral a nivel nacional.
La mandataria denunció que las bases de licitación, tanto del Instituto Nacional Electoral (INE) como de los órganos estatales, están diseñadas con cláusulas restrictivas —como exigir un nivel de experiencia previa que solo tienen unas cuantas firmas—, lo que bloquea la libre competencia y obliga al Estado a contratar recurrentemente a este grupo de “coyotes”.
Origen y protección del esquema restrictivo
De acuerdo con la titular del Ejecutivo, esta red de intermediarios, que ni siquiera produce los materiales directamente, surgió originalmente en el Instituto Electoral del Estado de México. Posteriormente, el esquema se fortaleció a nivel nacional durante el periodo de 2014 a 2023 —etapa en la que, acusó, Lorenzo Córdova promovió su existencia— y continuó operando sin que se abrieran las licitaciones en 2024 y 2025 bajo la gestión de Guadalupe Taddei.
Transparencia, incluso si hay prescripción
Sheinbaum aclaró que el simple hecho de que un OPLE haya adjudicado contratos a estas empresas no implica automáticamente que existan sobreprecios o corrupción en esa dependencia específica, sino que evidencia un problema sistémico de falta de opciones dictado por los propios lineamientos.
Ante esta situación, la jefa del Ejecutivo exigió que la ASF investigue a fondo y haga públicos los resultados de todas las contrataciones para informar a la ciudadanía, sin importar si los plazos legales para aplicar castigos ya caducaron.
“Si ya no hay posibilidades de sancionar porque los plazos vencieron, que se haga el estudio para que se transparente, aunque no se pueda sancionar porque ya prescribió administrativa o penalmente. Pero se tiene que conocer”, concluyó la presidenta.